La irresponsabilidad del Estado en educación

“Los Estados prestarán la asistencia apropiada a los padres para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño”, reza la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Cuando las Estados no asumen su parte de responsabilidad, la vulnerabilidad de los niños aumenta de forma desorbitada, como ocurre en épocas de crisis, como la actual. La ONG Save the Children dedica una buena parte de su reciente informe 2.826.549 Razones. La protección de la infancia frente a la pobreza: un derecho, una obligación y una inversión a fotografiar la situación de la educación en España en estos momentos y denuncia las cuestiones más “preocupantes”. Según esta organización, hay 2,8 millones de niños en España en peligro de exclusión social debido a la crisis y los recortes. Por eso ha iniciado además la campaña Y a mí quién me rescata y recoge donaciones para ella a través de su web.
El “precio oculto” de la educación para las familias es “motivo de preocupación”, advierte Save de Children. Y lo explica así: “Hay una multiplicidad de costes asociados a la vida escolar que deben asumir las familias: libros de texto, material escolar, transporte, visitas culturales, excursiones, celebraciones en el colegio y, dada la configuración de los horarios escolares, el comedor. Este ‘precio oculto’ de la educación en ocasiones resulta inasumible para las familias que están atravesando dificultades económicas”.
E ilustra los sentimientos de frustración y discriminación que viven muchos niños con las declaraciones de Nacho, de 10 años:
“Hace dos semanas nos pidieron un libro de leer y yo se lo dije a mamá y me dijo que hoy no podía comprarlo pero que mañana o pasado sí podría. Y aún no ha podido y yo… ya no sé qué decirle al profesor, me da vergüenza ir a clase sin el libro, no quiero ir".
La madre de Nacho explica que no le quedaba apenas dinero para comer y que no pudo comprar el libro hasta casi dos semanas después.
Sobre el gasto medio de los hogares en educación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que oscila entre los 974 euros por niño en el primer ciclo de la educación a infantil (que va de 0 a 3 años) a los 645 euros por estudiante en la Educación Secundaria Obligatorio (la ESO, que se cursa entre los 12 y 16 años).
Save the children, una organización internacional de reconocido prestigio, considera además "preocupante" que el sistema de becas y ayudas “muestra una más que evidente insuficiencia de recursos” y advierte que los requisitos para su obtención “dejan fuera una importante cantidad de situaciones”. Su informe llama además la atención sobre la repercusión que tiene en el desarrollo normal de los niños el recorte (o la desaparición, en el caso de la Comunidad de Madrid) de las becas de comedor: el comedor escolar en numerosos casos es el que aporta “los principales nutrientes variados con lo que completar una dieta equilibrada, algo básico no solo para el normal desarrollo y la protección de la salud del niño, sino porque sin una alimentación adecuada el rendimiento escolar disminuye”.
La reducción progresiva del gasto en educación en España es otro motivo importante de preocupación por su impacto en el derecho a la educación en las condiciones adecuadas de los niños, resalta esta ONG. Considera que el real decreto aprobado por el Gobierno en abril de 2012 “de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo” no tiene en cuenta que la Convención sobre Derechos del Niño indica que se debe “poner a los niños en el centro del modelo educativo para que se desarrollen hasta el máximo de sus posibilidades”.
“Preocupa que la reducción del número de docentes y profesionales de la educación, así como las condiciones laborales de los mismos a raíz de ese real decreto, dificulte y llegue a imposibilitar un seguimiento minucioso de la situación y evolución del desarrollo personal, escolar y social de los niños”, añade. Y advierte además que gran parte de las situaciones de vulnerabilidad de los niños “son precisamente detectables y abordables desde el ámbito escolar”.
También resalta el “mal estado de algunos centros educativos”, tal y como ya denunció la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en su informe anual de 2012, y el peligro de “que los recortes en los presupuestos públicos conduzcan a la degradación de las instalaciones públicas”.
Por último, sobre la nueva reforma educativa (la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, también conocida como Ley Wert), aprobada el pasado noviembre, Save the Children afirma que “no contempla en modo alguno ni garantías de cobertura de aspectos esenciales del derecho de la educación", como los que reclama su informe. La reforma se centra “en exclusiva en los problemas endémicos del sistema educativo español: la tasa alta de abandono escolar y los pobres resultados de las pruebas de competencia académica a nivel comparado (en referencia, sobre todo, al Informe Pisa, de la OCDE) con el menor coste posible”.